La situación del mercado inmobiliario en Fuengirola y la Costa del Sol ha generado una creciente preocupación sobre la accesibilidad de la vivienda. Las políticas de expropiación, aunque son controvertidas, podrían convertirse en una herramienta clave para abordar la crisis habitacional en esta área de España. A medida que se desarrollan nuevas regulaciones, es fundamental entender su impacto y las implicaciones legales que conllevan.
Contexto de la expropiación de viviendas en Fuengirola
Las expropiaciones de vivienda son un tema candente en la actualidad, especialmente en regiones donde la escasez de vivienda asequible es aguda. En Fuengirola, la demanda de alquiler ha aumentado significativamente, impulsada por el crecimiento turístico y la llegada de nuevos residentes.
En este contexto, el gobierno local está considerando la posibilidad de expropiar propiedades desocupadas, especialmente aquellas que han estado vacías durante más de dos años. La idea es que estas viviendas sean destinadas a alquiler social, una medida que busca dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población más vulnerable.
¿Cuál es la justificación legal para la expropiación?
La expropiación de viviendas en Fuengirola se fundamenta en la ley que establece que la propiedad debe cumplir con una función social. Este principio se basa en la idea de que los propietarios tienen la obligación de utilizar sus propiedades de manera que beneficien a la comunidad, especialmente en el caso de viviendas que permanecen desocupadas.
El marco legal que respalda esta acción está en consonancia con la Ley de Protección del Derecho a la Vivienda, que enfatiza la responsabilidad de los propietarios de ofrecer sus inmuebles en alquiler si estos están vacíos durante períodos prolongados.
Proceso de expropiación: ¿cómo funciona?
El procedimiento para la expropiación en Fuengirola no es inmediato ni sencillo. A continuación, se describen los pasos que típicamente se siguen:
- Requerimiento al propietario: El primer paso consiste en notificar al propietario sobre el estado de la vivienda y la posibilidad de expropiación.
- Verificación del estado: Se debe comprobar si la vivienda está realmente desocupada y si se ha incumplido la función social de la propiedad.
- Oportunidad de alquiler social: Si se confirma que la vivienda está vacía, se ofrece al propietario la opción de destinarla a alquiler social, a un precio inferior al mercado.
- Justiprecio: Si el propietario se niega o no responde, la administración puede iniciar el proceso de expropiación, que incluye la determinación de un justiprecio que compense al propietario.
Este proceso puede extenderse durante varios meses, lo que significa que los cambios no suceden de forma inmediata.
Implicaciones de la expropiación para los propietarios
Es crucial que los propietarios de viviendas desocupadas comprendan las implicaciones de la expropiación. Aunque las autoridades locales tienen la capacidad de expropiar, esta acción no es gratuita. A continuación, se detallan algunos aspectos clave:
- Justiprecio: Los propietarios tendrán derecho a recibir una compensación económica por la expropiación, aunque esta cantidad puede ser objeto de disputa.
- Mantenimiento de la titularidad: A pesar de la expropiación, la titularidad de la vivienda sigue perteneciendo al propietario original, aunque el uso sea restringido a vivienda social.
- Impacto en el mercado: La expropiación puede influir en el mercado inmobiliario local, generando una mayor oferta de viviendas en alquiler.
¿Cuándo se implementarán estas medidas en Fuengirola?
La implementación de las expropiaciones de vivienda en Fuengirola está sujeta a la evolución del marco legal y a la reacción de los propietarios. Aunque las autoridades han anunciado su intención de comenzar este proceso, es probable que los primeros casos se vean en el siguiente año, tras la finalización de los trámites administrativos necesarios.
Además, la administración local está trabajando en la identificación de propiedades que cumplan con los criterios de desocupación y que estén en manos de grandes tenedores. Este proceso está diseñado para ser transparente y justo, garantizando que los derechos de los propietarios sean respetados durante todo el procedimiento.
